Nuevas críticas de la ONU a Irán por uso desmedido de la pena capital
El aumento alarmante de ejecuciones en Irán ha provocado una fuerte reacción internacional, encabezada por Mai Sato, el nuevo relator especial de la ONU sobre Irán.
Sato ha denunciado lo que denomina “ejecuciones ilegales” llevadas a cabo por el régimen de Teherán, tras un repunte significativo de penas capitales en agosto de 2024.
Según los datos proporcionados por Sato, el mes de agosto presenció al menos 93 ejecuciones, más del doble de las 45 registradas en julio.
Este incremento dramático ha puesto de manifiesto la falta de transparencia del gobierno iraní, que según se informa, solo comunica oficialmente una fracción de las ejecuciones reales.
El panorama anual es igualmente sombrío. En lo que va de 2024, se han documentado más de 400 ejecuciones, incluyendo a 15 mujeres.
Sin embargo, existe la preocupación de que estas cifras puedan ser considerablemente más altas. El año anterior, el número de ejecuciones superó las 850, afectando principalmente a disidentes políticos.
La implementación de la pena capital en Irán ha sido objeto de duras críticas por parte de expertos de Naciones Unidas.
Casi la mitad de las ejecuciones se han llevado a cabo por delitos relacionados con drogas, lo que viola las normas internacionales establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual Irán es signatario.
Un caso particularmente preocupante fue el de Reza Rasaei, un manifestante kurdo perteneciente a la religión Yarsani, no reconocida oficialmente en Irán.
Su ejecución, basada presuntamente en una confesión obtenida bajo tortura, ha sido señalada como un ejemplo de las graves violaciones al derecho a un juicio justo y al debido proceso.
Sato también ha expresado su inquietud por las numerosas sentencias relacionadas con delitos de seguridad vagamente definidos, como la rebelión armada o la apostasía, subrayando que el derecho internacional no permite el uso de la pena de muerte para tales ofensas.
Esta situación ha llevado a los expertos de la ONU a declarar que la práctica actual de la pena de muerte en Irán equivale a ejecuciones ilegales, instando a una revisión urgente de estas políticas y a una mayor transparencia en el sistema judicial iraní.
