Ola de ejecuciones en Irán
Un informe reciente de la Organización de Derechos Humanos de Irán (IHR), con sede en Noruega, ha revelado un aumento alarmante en las ejecuciones en Irán desde el inicio de las protestas nacionales en septiembre de 2022, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
El documento, publicado el lunes, indica que al menos 1.425 personas han sido ejecutadas en los dos años posteriores al comienzo de las manifestaciones, casi duplicando la cifra del mismo período anterior.
El incremento más notable se observó en las ejecuciones por presuntos delitos relacionados con drogas, que aumentaron un 163%, pasando de 302 a 796 casos.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, afirma que la pena capital es el instrumento principal del régimen iraní para infundir temor en la sociedad y sofocar la disidencia.
En respuesta a esta situación, los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda emitieron una declaración conjunta condenando el aumento de las penas de muerte y urgiendo al gobierno iraní a cesar las violaciones de derechos humanos.
Por su parte, el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos de Irán, con sede en Estados Unidos, informó sobre un incremento en otras sentencias severas, como la flagelación. Se han dictado más de 100 sentencias de azotes relacionadas con las protestas, incluyendo al menos dos aplicadas a mujeres.
El centro de derechos humanos subraya que estas sentencias inhumanas contradicen el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que Irán ha ratificado, el cual prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
