Irán continúa ejecutando a presos políticos
El martes por la mañana, el preso político Farhad Salimi fue ejecutado en la prisión de Ghezelhesar, en Karaj, al oeste de Tehrán.
La Organización de Derechos Humanos Hengaw informó que los intentos de permitir a la familia de Salimi una última visita se vieron frustrados el martes. Al llegar a la prisión, la familia descubrió que la ejecución ya había tenido lugar.
Salimi, Khosro Besharat, Kamran Sheikheh y Anwar Khezri, todos condenados a muerte en el mismo caso, estaban realizando una huelga de hambre desde el 30 de diciembre, en protesta por la ejecución de tres coacusados y por temor a su propio destino inminente.
Amnistía Internacional había expresado serias preocupaciones sobre la ejecución de Salimi, instando a las autoridades iraníes a detener el proceso de inmediato.
El caso se remonta a las detenciones de siete individuos en la provincia de Azerbaiyán Occidental en diciembre de 2009 y enero de 2010, acusadas de pertenecer a “grupos salafistas”.
En 2018, el Tribunal Revolucionario de Teherán los condenó por “corrupción en la tierra” y por su presunta participación en el asesinato de Abdolrahim Tina, en 2008. A pesar de las negaciones constantes, la Corte Suprema confirmó sus condenas en 2020, rechazando un nuevo juicio.
Desde el levantamiento de 2022, cientos de prisioneros políticos han sido ejecutados en Irán, llevando al país a ser reconocido como el mayor verdugo per cápita del mundo, con un promedio de tres ejecuciones diarias, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán, con sede en Estados Unidos.
