Irán continúa ejecutando a manifestantes
Reza Rasaei, un hombre iraní de 34 años de origen kurdo y yarsan, fue ejecutado el martes por la mañana en Irán. Su arresto se produjo durante las protestas contra el gobierno en 2022 en Kermanshah.
Un Tribunal Revolucionario lo condenó a muerte por presuntamente asesinar a un agente de los CGRI en noviembre de 2022, sentencia que el Tribunal Supremo confirmó en diciembre de 2023. Sin embargo, existen serias dudas sobre la validez de estos cargos.
El incidente ocurrió durante una ceremonia en honor a Seyed Khalil Alinejad, una figura importante en la comunidad kurda y yarsan. La religión Yarsan, con más de un millón de seguidores en Irán, no es reconocida oficialmente por el gobierno.
Según testigos, la reunión se tornó en una protesta con consignas contra el régimen. En medio del caos, Nader Bayrami, un funcionario de los CGRI, fue confrontado y golpeado mientras amonestaba a una mujer por no usar el hijab.
Aunque las autoridades acusaron a Rasaei del asesinato, múltiples fuentes cuestionan esta versión. Amnistía Internacional denunció que el juicio fue injusto y basado en confesiones obtenidas bajo tortura. Rasaei habría sufrido descargas eléctricas y palizas durante los interrogatorios.
El grupo jurídico Dadban también declaró ilegal la pena de muerte contra Rasaei. Señalaron irregularidades en el proceso judicial, incluyendo la aceptación selectiva de testimonios y la omisión de evidencias que podrían haber exonerado al acusado.
Además, el tribunal ignoró informes forenses sobre la causa de la muerte y el arma utilizada.
Dadban sugiere que instituciones poderosas influyeron en el caso, indicando que el veredicto parecía predeterminado a pesar de las numerosas inconsistencias. Esta ejecución se suma a la preocupante tendencia de Irán a aplicar la pena de muerte, especialmente contra miembros de minorías étnicas y religiosas, en procesos judiciales cuestionables.
