El régimen sigue recurriendo a la pena capital para combatir a disidentes y minorías religiosas
Irán registra un incremento alarmante en las ejecuciones estatales. Tras las elecciones presidenciales de junio, la ONG Iran Human Rights reportó 87 ejecuciones en un mes. El 7 de agosto, se registraron 29 ejecuciones masivas en un solo día.
Paradójicamente, las autoridades iraníes presentan las recientes elecciones como evidencia de cambio. Sin embargo, la continuidad de las ejecuciones cuestiona esta afirmación.
Los ejecutados incluyen personas condenadas por homicidio y delitos relacionados con drogas. No obstante, la legitimidad de estas condenas es cuestionable debido a las deficiencias en el sistema judicial iraní.
Más preocupante aún es la ejecución de individuos por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión y la reunión pacífica.
La pena capital, considerada una violación a la dignidad humana, es particularmente problemática en Irán, responsable del 74% de las ejecuciones globales registradas el año pasado.
A pesar de los intentos de silenciar a la población mediante estas medidas, la resistencia persiste. En la prisión de Evin, las reclusas protestan contra la pena de muerte, enfrentando represalias violentas de las autoridades.
El caso de Reza Rasaei, un kurdo ejecutado por participar en las protestas “Mujeres, vida, libertad” de 2022, pone en evidencia esta situación.
Aunque la brutalidad estatal continúa, el espíritu de resistencia del pueblo iraní permanece inquebrantable.
