El régimen iraní sigue condenando a manifestantes a la pena de muerte
El Tribunal Penal de Teherán ha sentenciado a morir en la horca a Shahriar Bayat, un manifestante de 64 años que participó en las protestas de 2022. Bavat ha sido acusado de “insultar al profeta”.
La decisión del tribunal se fundamentó en contenidos de redes sociales, utilizados como evidencia de una supuesta falta de respeto hacia el profeta, lo que condujo a la orden de ejecución pública.
Bayat fue detenido el 25 de octubre de 2022, en el contexto de las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia policial.
En un principio, fue arrestado por su participación en las protestas, enfrentando acusaciones de “propaganda contra el régimen, insulto al líder supremo Ali Jamenei y difusión de información falsa en redes sociales”. Posteriormente, se le añadieron cargos por “crear desorden social y conspirar contra la seguridad nacional”.
Esta condena se suma a la serie de ejecuciones realizadas por el gobierno iraní, que el año pasado acabó con la vida de más de 800 ciudadanos. La naturaleza pública de la sentencia de muerte indica un esfuerzo por parte del régimen para disuadir a la población de cualquier acto disidente, en un momento en que las protestas continúan tras 18 meses de haber comenzado.
En casos similares, Yousef Mehrad y Sadrollah Fazeli-Zare fueron ejecutados en mayo, en la prisión de Arak, por “insultar al profeta y los valores sagrados”.
Al menos otros nueve manifestantes han sido ejecutados en el marco de las protestas, incluyendo a Mohsen Shekari, Majidreza Rahnavard, Mohammad Hosseini, Mohammad Mehdi Karami, Majid Kazemi, Saeed Yaghoubi, Saleh Mirhashemi, Milad Zohrevand y Mohammad Ghobadloo.
