El régimen las acusa de “ser parte de un grupo ilegal” y “realizar propaganda contra el sistema”
En agosto, once activistas por los derechos de las mujeres fueron arrestadas en la provincia de Gilan, situada en el norte de Irán. Un tribunal iraní las ha condenado a sesenta años de prisión.
Mostafa Nili, abogado de dos de las detenidas, compartió detalles del caso este miércoles. Las acusaciones contra las mujeres incluyen “ser parte de un grupo ilegal” y “realizar propaganda contra el sistema”.
Estas detenciones ocurrieron cerca del primer aniversario del fallecimiento de Mahsa Amini, una joven kurda asesinada mientras estaba bajo custodia policial. Amini había sido arrestada presuntamente por no usar de forma adecuada el hiyab.
Para silenciar a los disidentes y mantener su poder, las autoridades iraníes suelen recurrir a detenciones sin justificación, intimidación, hostigamiento y violencia. Los defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes y minorías están especialmente expuestos a esta persecución.
El régimen defiende estas acciones represivas argumentando que son medidas de seguridad nacional necesarias para contrarrestar amenazas contra la ideología de la República Islámica.
Pese a las críticas internacionales y demandas de cambio, el régimen intensifica su control sobre las libertades civiles, generando un ambiente de temor y censura que limita la libertad de expresión y reunión en el país.
El número de mujeres arrestadas en Irán ha aumentado desde 2018, incluyendo a activistas, estudiantes, abogadas y críticas del régimen, como Faezeh Hashemi, hija del expresidente Hashemi Rafsanjani.
La represión contra los periodistas también ha escalado, con arrestos como los de Niloofar Hamedi y Elahe Mohammadi, quienes fueron de las primeras en reportar sobre la muerte de Mahsa Amini en 2022.
Incluso abogadas que representaban a reconocidos activistas, disidentes o presos políticos han sido encarceladas, según ha informado el Centro de Derechos Humanos en Irán.
Amnistía Internacional ha denunciado estas acciones represivas como parte de un esfuerzo por sofocar la sociedad civil en Irán, señalando que abogados y miembros del Centro de Defensores de Derechos Humanos han enfrentado “sentencias y castigos desproporcionados por ejercer su profesión”, según indicó la organización.
