El régimen iraní sigue ejecutando prisioneros políticos
Tres prisioneros políticos fueron ejecutados el martes en la prisión de Zahedan, en la provincia de Sistán-Baluchistán, que cuenta con una población mayoritariamente sunita.
El anuncio fue hecho por la agencia de noticias Mizan, afiliada al Poder Judicial de Irán.
Los prisioneros políticos condenados fueron acusados de supuesta pertenencia y colaboración con Jaish ul-Adl, de recibir entrenamiento militar, de transportar y ocultar materiales para fabricar bombas, así como de participar en dos operaciones de bombardeo en Zahedan, un bombardeo fallido en el condado de Zabol y dos operaciones de atentado con bombas en la comisaría de policía de Zahedán.
Jaish ul-Adl, un grupo armado islamista sunita, opera principalmente en el sureste de Irán, donde reside una importante población sunita baluchi.
Los detenidos, arrestados por las fuerzas de seguridad en septiembre de 2020, fueron sometidos a meses de interrogatorios antes de ser trasladados a la prisión de Zahedan.
El pasado sábado también fue ejecutado otro preso político después de soportar doce años de prisión en el mismo centro.
Jaish ul-Adl respondió rápidamente a las ejecuciones, calificándolas de “un signo de debilidad e incompetencia del régimen del líder supremo para enfrentar el movimiento del pueblo de Baluchistán por la realización de sus derechos legítimos“, según su canal de Telegram y sitio web.
En paralelo, la Organización de Derechos Humanos de Irán, con sede en Oslo, publicó un informe el martes que documenta 114 ejecuciones en el país desde el comienzo del conflicto en Gaza.
Entre los ejecutados, 24 eran ciudadanos baluchis, cinco de los cuales fueron condenados a muerte por colaborar con grupos armados opuestos a la República Islámica.
Las estadísticas de ejecuciones de 2022 en Irán revelan que Sistán-Baluchistán tiene la tasa de ejecuciones per cápita más alta del país, con 39 ejecuciones por cada millón de personas.
